La reciente decisión del Ministerio de Justicia de rebajar las penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores ha generado un fuerte debate político en Chile. La oposición ha anunciado su intención de interpelar al ministro Fernando Rabat y promover un proyecto de ley que impida que quienes cometen estos delitos accedan a beneficios de rebaja de penas.
De acuerdo a la información proporcionada, de las solicitudes acogidas, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por violación. Solo una de las solicitudes fue rechazada. La controversia radica en la autorización de estas rebajas durante la actual administración, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la legalidad y la ética de la decisión.
Justificación del Gobierno
El Gobierno ha defendido su postura, argumentando que las rebajas de penas se basan en fallos de la Corte Suprema que reconocen el derecho de los condenados a acceder a este beneficio, dado que las condenas son anteriores a la modificación legal de 2022 que prohíbe tales beneficios para delitos sexuales. El ministro Rabat explicó que antes de la entrada en vigor de la reforma, la Corte había acogido recursos de amparo de condenados, permitiéndoles solicitar la reducción de penas.
“Lo que hizo el Ministerio fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, afirmó Rabat, aclarando que las solicitudes fueron evaluadas por la Comisión de Reducción de Condenas y que el Presidente José Antonio Kast firmó los decretos correspondientes.
Reacciones de la oposición
La oposición ha reaccionado con dureza a la decisión, acusando al Gobierno de tener una “mala intención” al permitir estas rebajas. Los críticos sostienen que el Ejecutivo debería haber actuado de manera más cautelosa, considerando la gravedad de los delitos involucrados. El nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió el procedimiento, afirmando que este está claramente establecido en la ley y que el Ejecutivo no actúa de manera arbitraria.
Arenas insistió en que el cumplimiento de la normativa es una obligación del Ministerio de Justicia y que el procedimiento seguido fue “impecable”. “No estamos hablando de si nos gusta o no, sino de algo que está establecido en la ley y es un derecho”, concluyó.