Un revés judicial significativo para Susana Herrera, exembajadora de Chile en el Reino Unido, tuvo lugar esta semana, cuando el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago desestimó su demanda contra el Estado. Herrera había solicitado una indemnización de $190 millones y disculpas públicas de la Cancillería tras su polémica salida en agosto de 2023.
La controversia se desencadenó luego de que se revelara que Herrera gestionó un proyecto de financiamiento de US$ 5 millones para construir un mercado de maderas en la localidad de Santa Juana, Región del Biobío, sin notificar al ministerio correspondiente. Esta acción fue considerada como una falta grave, lo que llevó a una rápida serie de críticas y a su posterior renuncia el 22 de agosto del año pasado.
En su reclamación, Herrera argumentó que su salida del cargo afectó gravemente su integridad física y psíquica, señalando que la Cancillería implementó un trato «discriminatorio« e «inapropiado« hacia su persona. En ese contexto, exigía disculpas que también deberían ser comunicadas a la monarquía británica.
El abogado de Herrera, Miguel Ángel Reyes, comunicó que evaluarán el fallo, argumentando que existen contradicciones en la resolución judicial respecto a las pruebas presentadas y los alegatos de la exembajadora.
La demanda fue presentada en noviembre de 2023 y desde su ingreso ha pasado por varios intentos de mediación sin resultados satisfactorios. La exembajadora, además, alegó que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba al tanto de sus gestiones y que nunca había recibido instrucciones para desistirse de ellas.
Este caso no solo ha dejado una marca en la carrera de Herrera, sino que también ha levantado cuestionamientos sobre los protocolos internos de comunicación dentro de las instituciones diplomáticas chilenas en el extranjero. Especialmente en un contexto donde la gestión y transparencia se han vuelto temas de alta importancia ante la opinión pública, especialmente tras una serie de incidentes relacionados con fundaciones durante el gobierno actual.
Frente a esta sentencia, ahora Herrera se enfrenta a la decisión de apelar, aunque no se han detallado públicamente los próximos pasos a seguir. La controversia refleja la complejidad de la diplomacia chilena y la necesidad de claras líneas de comunicación entre sus representantes en el exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
