Un importante revés enfrentó el Ministerio de Transportes encabezado por Louis De Grange. El miércoles 10 de junio, la Contraloría General de la República (CGR) notificó al gobierno sobre su decisión de rechazar la toma de razón para los cambios en el reglamento de taxis propuestos por el Ejecutivo, que buscaban rebajar las exigencias técnicas de los vehículos destinados a este servicio. Este cambio no solo afectaría a las empresas de taxis tradicionales, sino que también tendría un impacto en los servicios de aplicaciones como Uber, dado que la legislación actual homologa las exigencias para ambos tipos de transporte.
Contexto de la Propuesta
La propuesta de modificación al reglamento fue anunciada por De Grange pocas semanas después de haber asumido su cargo, donde también se planteaba flexibilizar las antigüedades de los vehículos y eliminar exigencias respecto a cilindrada y potencia del motor. En este sentido, el ministro argumentaba que el nuevo reglamento buscaba mejorar la movilidad de un 85% de los usuarios a nivel nacional, asegurando que las modificaciones se diseñaban para beneficiar tanto a conductores como a pasajeros.
Sin embargo, en el oficio de la Contraloría se argumenta que las modificaciones presentadas «eliminan, modifican y disminuyen exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi«. Se menciona, además, que no se presentaron fundamentos suficientes que justificaran estas medidas ni se sometieron a consulta pública, lo que resulta crucial para decisiones que podrían afectar la calidad del servicio de transporte en el país. La CGR considera que cualquier modificación debe estar respaldada por razones sólidas tanto fácticas como técnicas.
La decisión de la Contraloría sorprendió a los funcionarios del Ministerio de Transportes, quienes ahora se ven obligados a responder a las inquietudes del ente contralor y a ofrecer más antecedentes técnicos si desean avanzar con su iniciativa. En este contexto, se establece un plazo para que la cartera cumpla con la obligación de comunicar la adscripción de los servicios de taxi a las normativas de las empresas de aplicaciones de transporte.
Implicaciones para el Sector
La negativa de Contraloría no solo afecta directamente al reglamento propuesto, sino que refleja también una preocupación por el estándar de calidad de los servicios de transporte en Chile. Esto podría redundar en una menor satisfacción de los usuarios que dependen del transporte público y de las aplicaciones. Las exigencias técnicas, como la antigüedad máxima de operación y las especificaciones del motor, son vistas como fundamentales para garantizar un servicio de calidad, evitando así menores estándares que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios.
En este sentido, el futuro cumplimiento de la Ley N°21.553, que regula las empresas de aplicaciones de transporte, queda en un escenario incierto a la espera de que el Ministerio de Transportes realice los ajustes necesarios en su propuesta.
