Trinidad Zegers Domínguez, una abogada de 27 años, se ha convertido en el centro de una controversia en el Gobierno debido a su papel en la revisión de solicitudes de rebaja de condena para 56 agresores sexuales, de los cuales 27 fueron condenados por abuso sexual y 29 por violación. Zegers, quien se incorporó al Ministerio de Justicia en abril de este año, figura como “funcionaria responsable” de este proceso en el gabinete del ministro Fernando Rabat.
Trayectoria y cuestionamientos
La joven abogada juró como profesional en la Universidad Católica el 10 de abril de 2023 y comenzó a trabajar en el Ministerio de Justicia a honorarios, con un salario de $1.206.000. En mayo, su contrato cambió a contrata, con un sueldo que oscilaba entre $2,1 millones y $3,6 millones.
Su designación para coordinar una reforma procesal civil en agosto generó críticas por su falta de experiencia, ya que contaba con menos de un año en el ejercicio de la profesión. Actualmente, su nombre vuelve a estar en la mira por su implicación en la revisión de las solicitudes de rebaja de condena a los condenados por delitos sexuales.
Funciones en el Ministerio de Justicia
Según un documento interno al que tuvo acceso Reportajes Teletrece, Zegers tiene varias responsabilidades clave:
- Revisar y visar la documentación que ingresa al Gabinete para la firma del ministro de Justicia.
- Derivar casos con reparos al área correspondiente, proporcionando las instrucciones necesarias.
- Entregar propuestas para la toma de decisiones en tiempo y forma.
El Portal de Transparencia revela que hay cinco oficios pendientes de revisión, correspondientes a solicitudes ingresadas entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre, relacionados con condenas por narcotráfico, maltrato a Carabineros, ocultación de identidad y amenazas.
Proceso de rebaja de condena
El Ministerio de Justicia explicó que las comisiones encargadas de evaluar las solicitudes de rebaja de condena consideran el comportamiento de los reclusos, analizando factores como educación, trabajo, estudio y rehabilitación. Gendarmería se encarga de remitir las postulaciones a las secretarías regionales ministeriales (Seremi), que verifican el cumplimiento de los requisitos. Posteriormente, los antecedentes son enviados a la unidad de rebaja de condena, donde se revisan las exigencias legales y se elabora una propuesta de decreto, que finalmente es visada por la jefatura de la unidad de Reinserción Social antes de llegar al gabinete ministerial. La decisión final corresponde al ministro de Justicia.