El Ministerio Público ha solicitado al Cuarto Juzgado de Garantía fijar una audiencia para formalizar a 11 personas en relación con la investigación del caso Sartor, que indaga el colapso de la administradora de fondos Sartor. Estos imputados enfrentarán cargos por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. La solicitud fue presentada por el fiscal Juan Pablo Araya, quien destacó que los delitos se habrían cometido entre enero de 2020 y la fecha actual. Entre los nombres más destacados figuran Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor, y Michael Clark, exejecutivo de la firma. La investigación comenzó tras las acciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que detectó irregularidades que llevaron a la revocación de la autorización de Sartor Administradora General de Fondos a finales de 2024. A medida que la investigación ha avanzado, se han conocido más detalles sobre cómo los fondos de los inversionistas podrían haber sido mal utilizados para el beneficio de los propios administradores, lo que ha provocado serias preocupaciones entre los clientes, incluidos jubilados que han visto sus ahorros comprometidos. La fiscalía indicó que planea presentar pruebas que sustenten las acusaciones contra los involucrados y ha establecido que las indagatorias se centran en eventos que datan desde junio de 2016 hasta octubre de 2025. La investigación también está evaluando si parte de los recursos fue destinada a operaciones relacionadas con la adquisición de Azul Azul S.A., la concesionaria que administra el Club Universidad de Chile.
Implicaciones para el Mercado Financiero
El caso de Sartor no solo ha impactado a los inversionistas afectados, sino que también ha levantado una serie de preguntas sobre la transparencia y la regulación del mercado financiero en Chile. Las consecuencias legales para los ejecutivos involucrados podrían sentar un precedente en casos futuros de mala praxis empresarial. En este contexto, la CMF ha advertido sobre la necesidad de fortalecer la supervisión del sector y garantizar la protección de los inversionistas. Las repercusiones de este caso podrían llevar a una revisión de las prácticas de otras administradoras de fondos, sobre todo en lo que respecta a la obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes.
