Una reunión no autorizada en la base naval de Rapa Nui ha desencadenado una denuncia por violación grupal, en la que cuatro funcionarios de la Armada están involucrados en la agresión a una joven de 23 años. El incidente ocurrió en la madrugada del 3 de octubre, cuando la víctima, tras ser invitada por uno de los sargentos, se presentó sola en el recinto militar.
Detalles del incidente
Según el relato del padrastro de la víctima, la joven había conocido a uno de los sargentos en una fiesta previa, pero su comunicación fue escasa. A pesar de esto, el sargento la invitó a una reunión en la guarnición, que se convirtió en una fiesta informal con consumo de alcohol, lo que fue confirmado por el fiscal adjunto de Rapa Nui, Sergio Espinoza.
Durante la fiesta, el encuentro se trasladó al dormitorio de dos sargentos, donde se produjo la violación grupal. La Fiscalía ha indicado que la víctima quedó incapacitada para defenderse debido a los efectos del alcohol y la superioridad numérica de los agresores. La denuncia no solo incluye a los dos sargentos, sino también a un cabo, un soldado conscripto y otros presentes en la habitación.
Reacción y consecuencias
Tras la agresión, la joven pasó horas sin recibir ayuda dentro del recinto militar. La situación se conoció cuando una amiga, preocupada por su ausencia, acudió a la base naval y la encontró en un estado de shock y con lesiones. La víctima presentó su denuncia en una comisaría de Carabineros alrededor de las 3:40 de la mañana.
La justicia ha decretado prisión preventiva para los cuatro funcionarios de la Armada, y se ha fijado un plazo de 80 días para la investigación. La Armada, aunque no ha dado entrevistas sobre el caso, ha confirmado la desvinculación de los involucrados y el inicio de un sumario administrativo interno.
Controversia sobre el cumplimiento de la prisión preventiva
Una controversia ha surgido respecto al lugar donde los acusados cumplirán su prisión preventiva. Se ha determinado que estarán en la Guarnición de Orden y Seguridad de la Armada en Talcahuano, lo que ha sido criticado por el abogado de la víctima, Ciro Colombara, quien argumenta que no deberían tener un régimen privilegiado y que deben cumplir su condena en un recinto penitenciario común.
La madre de la víctima ha expresado su dolor y frustración, exigiendo que los responsables enfrenten sanciones severas sin excepciones. Ha declarado: «Que paguen por todo el daño, que sean encarcelados y que no existan privilegios». La familia se encuentra en un proceso de apoyo a la joven, quien enfrenta un difícil camino tras la agresión.