El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) abre un sumario tras detectar la contratación de censistas con antecedentes penales y sin las habilitaciones necesarias, conforme a un informe de la Contraloría.
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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha tomado la decisión de abrir un sumario administrativo tras las irregularidades detectadas en la contratación de censistas para el Censo 2024. Esta medida sigue a un informe emitido por la Contraloría General de la República, que reveló la contratación de 16 censistas con antecedentes penales y de 14 extranjeros que presuntamente no estaban habilitados para trabajar en el país.
Además de la apertura del sumario, el INE ha denunciado estos casos ante el Ministerio Público. El organismo ha solicitado una revisión de parte de las observaciones formuladas por la Contraloría relacionadas con la situación. Como resultado de la auditoría, se identificaron fallas en el proceso censal, incluyendo pagos sin respaldo y la falta de validación de antecedentes educacionales en más de 130 casos de contrataciones.
La Contraloría ha estimado más de $315 millones en reparos debido a estas irregularidades, además de señalar que el INE logró demostrar labores de solamente 515 censistas vinculados a pagos por un total de $166.356.508. Con esta situación, el INE enfrenta una crisis de credibilidad que podría afectar el futuro de sus Operativos Censales, y ha implementado medidas correctivas para evitar la repetición de este tipo de fallas.
Este contexto se agrava ya que el INE también había presentado una solicitud de reconsideración a la Contraloría respecto a las conclusiones del informe, particularmente en relación a las sanciones por las irregularidades detectadas. El futuro de esta situación es incierto, ya que todavía se espera conocer el resultado del sumario y el impacto de las denuncias realizadas ante el Ministerio Público.
