La Contraloría General de la República reveló hoy múltiples irregularidades en la contratación de personal por parte del Instituto Nacional de Estadísticas para el Censo 2024, incluyendo la contratación de 16 personas con antecedentes penales.
La Contraloría General de la República (CGR) ha hecho público un informe donde se detallan serias irregularidades en el proceso de contratación de personal por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el Censo 2024. Según el Informe Final N°194/2025, se contrataron a 16 personas con antecedentes penales, así como a 14 extranjeros que no contaban con la habilitación necesaria para trabajar en Chile. Las irregularidades incluyen antecedentes graves como estafas, robos, y tráfico de drogas por parte de algunos de estos censistas contratados.
El informe, que abarca el período entre el 1 de agosto de 2023 y el 30 de abril de 2025, también señala que más de 130 contratados no cumplieron con los requisitos educacionales exigidos, además de un alarmante número de 515 censistas que no pudieron acreditar las labores realizadas a pesar de recibir pagos que suman más de $166 millones. En este contexto, la Contraloría presentó un reparo por un monto de $315.645.819 y ha ordenado al INE realizar un sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
Otro hallazgo preocupante fue la existencia de 267 personas que mantenían contratos simultáneos con otras instituciones públicas, lo que derivó en nuevos antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público. Además, se mencionaron pagos injustificados por traslados en una jornada sin labores censales y arriendos cuestionados que se extendieron más allá del período efectivo del Censo.
En respuesta, el INE ha declarado que se llevó a cabo un proceso de reclutamiento con más de 400.000 postulantes y que en total se contrataron a más de 38.000 personas. La institución ha solicitado una reconsideración legal de las observaciones realizadas por la CGR y afirma que se están realizando los sumarios administrativos correspondientes. La Contraloría también ha exigido que se determine el destino de cientos de computadores y teléfonos adquiridos específicamente para el Censo, dado que miles de equipos permanecen almacenados sin uso.
Dado el volumen de estas irregularidades, el caso pone en duda la transparencia y efectividad de la gestión del INE en un proceso tan vital como la actualización de datos demográficos en Chile.
