La reciente propuesta del Gobierno, encabezada por el presidente José Antonio Kast, de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades ha generado fuerte controversia en el ámbito jurídico y en la sociedad civil. Esta iniciativa busca concentrar información sobre individuos sancionados por delitos y conductas consideradas incívicas, con la posible repercusión de restringir su acceso a beneficios estatales, como subsidios y gratuidad en la educación superior. Aunque el proyecto aún no ha sido presentado formalmente, su anuncio ha encendido un debate acerca de su compatibilidad con los derechos constitucionales establecidos por la nueva ley de protección de datos personales.
Crítica al Concepto de Incivilidades
Marcelo Drago, presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales de Chile, ha expresado su preocupación sobre la normativa, advirtiendo que la amplitud del término "incivilidades" puede llevar a confusiones y abusos. Según Drago, este concepto no cuenta con una definición jurídicamente precisa, lo que podría llevar a que se incluyan conductas de distinta gravedad bajo un mismo registro. "Pintar un muro no es un delito, pero quemar bienes públicos sí lo es", ejemplificó. Esta falta de claridad podría diluir el principio de proporcionalidad, un elemento clave en el tratamiento de datos personales.
Drago añadió que mezclar infracciones administrativas con delitos graves podría tener consecuencias negativas para las personas afectadas. A su juicio, las infracciones menores no deberían manchar a alguien de por vida, y sugiere que mantener un registro de tales conductas es excesivo y potencialmente dañino para la reputación de las personas involucradas.
Consecuencias de la Creación del Registro
La propuesta plantea más preguntas que respuestas. Por un lado, se da por hecho el impacto sobre el acceso a beneficios sociales, pero Drago cuestiona si ese es su único fin. "¿Se busca sancionar socialmente a quienes estén en el registro, o simplemente restringir su acceso a ciertos beneficios?", se cuestiona. El registro podría tener implicancias serias en derechos fundamentales, como la educación y la salud, que están protegidos constitucionalmente.
"No se puede restringir el acceso a la educación o a la previsión social solo porque alguien haya incurrido en una infracción administrativa", insistió Drago. Este punto resulta crítico, dado que el acceso a beneficios como la Pensión Garantizada Universal y otros subsidios sociales podría verse comprometido erroneamente.
Riesgos en la Gestión de Datos
Un aspecto adicional que Drago resalta es la reutilización de datos personales, lo que podría contradecir los principios de protección de datos que rigen en el país. La información recopilada para sancionar conductas no debería ser utilizada para decidir el acceso a beneficios sociales sin justificaciones claras y resguardos adecuados. "Se corre el riesgo de desviar la finalidad de la información recopilada, lo cual puede llevar a abusos en su tratamiento", afirmó.
Drago concluye que, aunque podría haber una autorización legal para crear este registro, eso no elimina la obligación del Estado de respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y finalidad. Esto podría resultar en impugnaciones durante la tramitación del proyecto o en su futura aplicación.
La creación de este registro, tal como ha sido presentada, está en el centro de un debate que abarca desde la protección de datos personales hasta la vinculación de la justicia social. La defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos está en juego, y será crucial para el desarrollo de esta iniciativa lograr un equilibrio adecuado entre el orden público y los derechos individuales.
