La Tesorería General de la República intensifica la cobranza de deudas del Crédito con Aval del Estado, con más de 550 mil morosos y embargos concentrados en deudores con ingresos altos. El futuro de la condonación y la nueva ley de financiamiento educativo continúan generando polémica en el ámbito social y legislativo.
La Tesorería General de la República (TGR) ha ejecutado más de 1.500 embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), reavivando el debate en torno a la cobranza, la condonación de deudas y el futuro de la educación superior en Chile. Según las cifras actualizadas al 9 de junio de 2026, más de 550 mil personas mantienen deudas morosas, acumulando un total que supera los $4 billones, lo que representa una carga fiscal considerable para el Estado.
La mayoría de los embargos se han concentrado en deudores cuyo ingreso mensual declarado supera los $3,5 millones. Esta medida ha generado una discusión sobre la capacidad de pago de los afectados, especialmente en un contexto económico que puede no reflejar su situación real actual. Desde la TGR, el tesorero Hernán Nobizelli señaló que durante el presente año, más de 32 mil personas han optado por regularizar su situación mediante convenios de pago.
El CAE, establecido en 2005, ha sido objeto de crítica por parte de economistas y políticos, quienes argumentan que la promesa de condonación podría estar detrás del aumento en la morosidad. La relación entre estas expectativas y el incumplimiento de pagos sigue siendo un tema polémico, sin evidencia concluyente que respalde que esta sea la única causa del problema.
Además, se encuentra pendiente la tramitación de la ley que busca reemplazar el CAE por el Financiamiento para la Educación Superior (FES). Según el Senado, la propuesta ha evolucionado desde una condonación universal hacia una formulación que considera casos específicos. Este cambio en la dirección del proyecto refleja las complicaciones y tensiones que emergen al tratar de responder a las necesidades de los deudores dentro de un sistema educativo en transformación.
Con el fin de garantizar que los derechos de los deudores sean respetados y que el proceso de cobranza sea justo, se han suscitado preguntas sobre la legalidad de los embargos y el respeto al debido proceso. Así, mientras los embargos continúan, el futuro de la educación y el financiamiento en Chile se mantiene incierto, generando inquietud en una amplia franja de la población educativa.
