Una intensa controversia se ha desatado en Chile tras el embargo de cuentas bancarias a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), medida implementada por la Tesorería General de la República (TGR) que afecta a un sector específico de la población. En total, 1.500 personas han reportado el retiro total de sus fondos, lo que ha reavivado el debate sobre las políticas de cobro del sistema financiero en el país.
El contexto de la medida La TGR ha informado que la morosidad del CAE afecta a aproximadamente 550.000 deudores, de un total de 1,2 millones, acumulando una deuda total de 4.500 millones de dólares. Sin embargo, el enfoque actual de la medida se centra en aquellos que cuentan con ingresos superiores a 3,5 millones de pesos, justificada por el gobierno como una acción necesaria para recuperar recursos críticos para el Estado.
Roberto Saa, editor económico de Meganoticias, explicó que ante la ola de críticas, el gobierno argumenta que los embargos están dirigidos hacia aquellos que tienen la capacidad de pagar. Este enfoque ha suscitado reacciones en el ámbito político, especialmente desde la oposición, donde el expresidente Gabriel Boric manifestó su desacuerdo a través de redes sociales, vinculando la situación con el rechazo al levantamiento del secreto bancario en el Congreso.
Impacto político y crítica interna La respuesta del oficialismo no se ha hecho esperar; el ministro Claudio Alvarado recordó a Boric que las promesas de condonación de deuda durante su campaña han contribuido a la morosidad actual. En este sentido, la situación se complica para Boric, ya que la ley que permite este tipo de embargos fue fortalecida durante su propio gobierno en 2024. Saa subrayó que esta contradicción dificulta el discurso de los defensores de la condonación.
Origen del CAE y su evolución El Crédito con Aval del Estado fue implementado en 2006 durante la administración de Ricardo Lagos, con el propósito de facilitar la educación superior a estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por críticas, especialmente por las altas tasas de interés que se han cobrado a los deudores. La ley permitió que estos créditos fueran otorgados con un riesgo prácticamente nulo para la banca, lo que ha provocado un descontento social que ha llevado a masivas protestas y reformas, como la realizada en 2012 que bajó la tasa de interés a un 2% pero que, al mismo tiempo, abrió la puerta a cobranzas más agresivas.
La actual controversia pone de manifiesto la fragilidad del sistema educativo en Chile y la necesidad de un debate profundo y constructivo sobre las políticas de financiamiento, así como las obligaciones y derechos de los deudores.
