El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha emitido una declaración pública tras un informe de la Contraloría General de la República, el cual reveló que fueron contratadas 16 personas con antecedentes penales para realizar labores en el Censo de Población y Vivienda 2024. Estas personas, que representaron 0,04% del total de censistas, estaban inhabilitadas para trabajar debido a delitos como estafa, robo, hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas.
Te puede interesar
En respuesta a estas revelaciones, el INE ha tomado medidas inmediatas, asegurando que analizaron detalladamente las observaciones contenidas en el informe de Contraloría. Entre las acciones adoptadas, el organismo presentó una solicitud de reconsideración legal para abordar las observaciones relacionadas con procedimientos de cobro de multas y la falta de respaldo para ciertos censistas, así como arrendamientos.
La situación ha escalado a un sumario administrativo que se inició el 13 de marzo de 2026 para investigar tanto a estos 16 censistas como la posible responsabilidad de la contratación de 14 censistas extranjeros que tampoco estaban habilitados para trabajar en el país, lo cual representa 0,03% de todas las contrataciones realizadas.
La detección de estas irregularidades ha llevado al INE a reportar los casos correspondientes al Ministerio Público, que actualmente se encuentra investigando. El objetivo de estas acciones es garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en la ejecución de este censo, uno de los más importantes para el país, pues ofrece datos clave para la planificación social y económica.
La preocupación por este tipo de situaciones no es nueva y se suma a otros incidentes previos relacionados con la gestión del INE. Según algunos análisis, la eficiencia y la confiabilidad de los censos pueden verse comprometidas si no se implementan controles rigurosos en la selección del personal.
Te puede interesar
Esta noticia ha generado debate en la sociedad chilena, donde se discuten los posibles efectos de tales contrataciones en la percepción pública del Censo 2024 y su utilidad como herramienta estadística. La organización también ha afirmado su compromiso con la calidad de los datos que se obtendrán, fundamentales para entender las dinámicas poblacionales y sociales del país. Con estos antecedentes, el INE busca restaurar la confianza de la ciudadanía en el proceso censal, esencial para la toma de decisiones en políticas públicas.
