El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, apuntó a una posible responsabilidad política de su antecesor, Nicolás Grau, en las irregularidades relacionadas con el Censo de 2024, según un informe de la Contraloría. Las deficiencias destacadas por el ente fiscalizador incluyen la contratación de 16 personas con antecedentes penales y de 14 migrantes no habilitados para trabajar en Chile.
La Contraloría también enfatizó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no pudo comprobar que 515 censistas realizaron efectivamente las tareas por las cuales recibieron pagos que superan los $166 millones.
Mas, en entrevista con radio Universo, expresó que los hallazgos son "hechos graves" que ocurrieron en la administración anterior y que es necesario investigar hasta la última consecuencia. Reiteró que no duda de la información proporcionada por la Contraloría y que el diseño y implementación del Censo fueron responsabilidad del gobierno anterior.
Al mencionar las consecuencias, destacó que, si se determina la responsabilidad política, Grau debería asumir frente a la situación. Este tipo de irregularidades genera preocupación no solo por el impacto administrativo, sino también por cómo podrían afectar la recolección de datos fundamentales para la planificación y ejecución de políticas públicas en Chile.
El Censo 2024 es un proceso crucial que permite obtener información demográfica necesaria para adecuar políticas sociales y económicas, por lo cual las fallas mencionadas pueden tener efectos significativos a largo plazo en la gestión estatal.
